Estado constructor, desarrollador, o garante
Cada vez que la crisis de vivienda escala en los titulares, hay quienes reaccionan con la misma respuesta refleja: que vuelva el Estado a construir vivienda.
Es una respuesta comprensible. Pero no es la solución universal y, mal entendida, siempre es la equivocada.
No porque el Estado no deba intervenir; debe, y con decisión. Sino porque confunde el rol con el instrumento. Y esa confusión tiene consecuencias que se miden en décadas.
Cuando el Estado empezó a producir vivienda masiva, lo hizo en un contexto donde la figura del promotor/desarrollador ni siquiera existía en el ordenamiento jurídico ni en el imaginario social. No era una opción política: era la única figura disponible. El resultado fue lógico con ese marco: monobloques de extrarradio, barrios obreros homogéneos, desarrollos que resolvían el número pero creaban problemas nuevos: segregación, estigma, dependencia de subsidio permanente. Soluciones válidas para un momento y un marco institucional que ya no existe.
El contexto cambió. Y con él, el problema de fondo. Cuando la vivienda se entiende como propiedad, como escritura, como activo, el Estado que construye y transfiere unidades al mercado está, en el mejor de los casos, generando una plusvalía privada con recursos públicos. Las viviendas sociales vendidas en el mercado libre no resuelven el problema habitacional: lo absorben temporalmente y lo reproducen. El parque público se achica, el mercado especulativo crece, y el ciclo se reinicia.
En Barcelona, trabajando con Foment de Ciutat Vella, la lógica era distinta. No había un modelo único ni un producto estándar. Había oportunidades, edificios, predios, situaciones, y esquemas de abordaje y salida diversos según cada caso. Esa flexibilidad operativa es lo opuesto al purismo viviendista de las agencias tradicionales, que producen solo vivienda, solo para un perfil, y con resultados llamativamente modestos en términos de impacto agregado, como por ejemplo reconocian publicamente los directivos del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, en la celebracion de su 80 aniversario.
La pregunta no es si el Estado debe intervenir. Es en qué rol.
No como constructor que produce activos para el mercado especulativo. Sino como desarrollador que estructura operaciones, como garante que habilita marcos jurídicos y financieros, como inversor que retiene valor en el parque público. Un Estado que calibra, articula y sostiene, sin sustituir al mercado ni entregarle la agenda.
Eso requiere algo más difícil que construir: requiere diseñar el ecosistema. Y para eso, primero hay que abandonar la respuesta refleja.
Foto: Pruitt-Igoe, St. Louis, 1956-1972. Cortesía: “The Pruitt-Igoe Myth” (2011).
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